Por Fernando Carrillo
A pocos días de cerrar 2025, es inevitable reconocer que este año quedará marcado por un fenómeno pocas veces visto: la resistencia abierta —y casi simultánea— de varias Cámaras Nacionales frente a un fallo de la Corte Suprema que, según sostienen, implicó un traspaso de competencias sin ley y por vía de hecho. Me refiero al ya célebre “Ferrari c/ Levinas”, dictado el 24 de septiembre de 2024, en el que el Máximo Tribunal decidió que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires debía ser considerado “superior tribunal de la causa” para los procesos de la Justicia Nacional radicados en CABA.
Las consecuencias de esa interpretación fueron inmediatas: antes de llegar a la Corte mediante recurso extraordinario, ahora muchas causas deberían pasar por el TSJ porteño. Una alteración profunda del sistema, sin reforma legislativa, abrió la puerta a uno de los conflictos judiciales más significativos de las últimas décadas.
Lo que vino después fue, casi, una reacción en cadena.
La respuesta de los fueros nacionales: un frente común inédito
El fuero civil inauguró el rechazo con un plenario contundente: sus sentencias no pueden ser revisadas por el TSJ. A los pocos días, el fuero laboral siguió el mismo camino, enfatizando que sus recursos están estrictamente regulados por ley y que nada habilita una intervención del tribunal porteño.
El fuero penal, aunque más prudente, expresó preocupación por algo que cualquier abogado comprende: la proliferación absurda de instancias. Cinco escalones para llegar a una solución definitiva no suena a justicia, sino a un recorrido interminable que erosiona derechos y destruye expectativas.Y el fuero comercial, con un voto unánime y un análisis técnico impecable, cerró filas: la competencia nacional no puede someterse a un tribunal local cuya jurisdicción material es diferente y ajena al diseño original del sistema.
Esta convergencia no es habitual. Que distintos fueros nacionales coincidan en diagnóstico y postura ante la Corte Suprema revela la magnitud del problema.
El TSJ porteño avanza igual: el caso “Boulanger”, un ejemplo elocuente
Mientras las cámaras nacionales cierran la puerta, el TSJ abre otra: la de las quejas. Y lo hace resolviendo, incluso modificando criterios de las salas laborales, como ocurrió en “Boulanger c/ Provincia ART”.
El resultado es una doble vía donde cada tribunal afirma su competencia, pero ninguno tiene la última palabra clara. Una arquitectura institucional que combina incertidumbre, solapamientos y decisiones contradictorias.
Los justiciables, en el medio: la incertidumbre como regla
Aquí está el verdadero problema. Mientras los tribunales discuten quién debe intervenir, los ciudadanos quedan atrapados en un laberinto procesal inédito. No hay claridad sobre qué recursos corresponden, qué tribunal es competente, qué doctrina se aplicará ni qué camino procesal deberá transitarse.
¿Quién responde por esta inseguridad jurídica?
¿Debe ser el vecino, el trabajador, el comerciante o la víctima penal quien soporte este desconcierto institucional?
Claramente no.
La salida es política, no judicial
La Corte Suprema tomó una decisión que difícilmente retroceda. Las cámaras nacionales reaccionaron como consideraron necesario para preservar la legalidad que entienden vigente. Ambos poderes están en posición de choque. Y ninguno parece dispuesto a ceder.
Por eso, la única salida posible no está en los tribunales, sino en el Congreso.
Si la Nación y la Ciudad quieren avanzar hacia el traspaso de la Justicia Nacional, deben hacerlo del único modo constitucionalmente válido: mediante una ley. No por interpretación judicial. No por atajos.
Sorprende —o quizá ya no tanto— que los actores políticos mantengan silencio frente a un conflicto que afecta a miles de personas y compromete la estabilidad del sistema judicial. Pero la indiferencia no resuelve problemas. Los profundiza.
Un cierre necesario
La rebelión de las cámaras nacionales no es un acto de desobediencia: es un síntoma. Un síntoma de que el Poder Judicial no puede, por sí solo, remediar vacíos legislativos ni suplantar decisiones políticas que llevan décadas postergadas.Si el país quiere un sistema judicial claro, previsible y respetuoso del federalismo, se necesita una ley.
Una sola. Pero sobre todo, se necesita voluntad política.
Mientras tanto, el conflicto seguirá. Y los justiciables seguirán esperando que, alguna vez, las instituciones trabajen pensando en ellos y no en sus propias disputas.
