La Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgó las leyes que crean el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS) y el Régimen de Ejecución de la Pena, normas sancionadas por la Legislatura porteña que establecen un marco legal propio para la custodia, tratamiento y reinserción de personas privadas de la libertad bajo jurisdicción local.
Las disposiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad el pasado 30 de enero y, a partir de su entrada en vigencia, constituyen la base normativa para la organización del sistema penitenciario porteño y la ejecución de penas y medidas judiciales en el ámbito de la justicia penal, contravencional y de faltas.
Creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social
La Ley N° 6.923 dispone la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un organismo civil, profesional y jerarquizado, dependiente del Ministerio de Justicia local y auxiliar del Poder Judicial.
Entre sus funciones se encuentran la custodia, guarda y asistencia de personas privadas de la libertad, así como la implementación de programas orientados al tratamiento progresivo y la reintegración social. La norma establece una estructura orgánica integrada por áreas de conducción, seguridad, diagnóstico y tratamiento, y gestión de recursos humanos y bienestar laboral.
El texto legal prevé la conformación de cuerpos específicos de agentes, diferenciando funciones de seguridad penitenciaria y tareas vinculadas al acompañamiento, tratamiento y reinserción, bajo criterios de especialización y capacitación permanente.
Régimen de Ejecución de la Pena
Por su parte, la Ley N° 6.924 regula el cumplimiento y control de las penas y medidas impuestas por los tribunales de la Ciudad, fijando principios, derechos y obligaciones aplicables durante la etapa de ejecución penal.
La norma establece y declama que la ejecución de la pena debe desarrollarse con respeto a la legalidad, la dignidad humana y los derechos fundamentales, promoviendo procesos de responsabilización y reintegración social. Asimismo, incorpora disposiciones vinculadas a la situación de personas procesadas con prisión preventiva, sin afectar el principio de inocencia.
El régimen resulta aplicable a personas condenadas, procesadas y a quienes se encuentren sometidos a medidas de seguridad judiciales dispuestas por los tribunales locales, así como al personal interviniente en la ejecución de dichas decisiones.
Alcance institucional
Con la entrada en vigencia de ambas leyes, la Ciudad establece un marco normativo propio y autónomo en materia penitenciaria y de ejecución penal, definiendo competencias, organización y criterios de intervención en una etapa clave del proceso judicial.
Las normas se integran al sistema de justicia local y constituyen el punto de partida para el desarrollo progresivo de dispositivos institucionales destinados a la ejecución de penas y medidas judiciales en el ámbito porteño.
Descargue aquí las normas promulgadas 👇🏼
– Ley N° 6.924 – Régimen de Ejecución de la Pena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
