“El órgano de enjuiciamiento confirmó el proceso político contra el juez penal Sebastián Sarmiento pese a reconocer que no consignó fundamentos esenciales en acta. La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina expresó su “seria preocupación” y alertó por un precedente lesivo para el Estado de Derecho.”
El Jury de Enjuiciamiento provincial rechazó el planteo de nulidad absoluta presentado por el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, y confirmó la continuidad del proceso de juicio político que podría concluir con su destitución. El magistrado había sido suspendido el pasado 11 de diciembre, a partir de acusaciones por presunto “mal desempeño” vinculadas al otorgamiento de libertades condicionales a personas detenidas que luego reincidieron en hechos graves.
La decisión fue adoptada este jueves 18 de diciembre en una sesión ”secreta” del tribunal integrado por jueces de la Suprema Corte y legisladores provinciales. Sarmiento había cuestionado la validez formal del acto, señalando que la resolución del Jury carecía de votos nominales identificables, no explicitaba fundamentos y no analizaba ni valoraba prueba ofrecida por su defensa.
Fundamentos omitidos pero nulidad rechazada
El Jury reconoció parcialmente el planteo: aceptó consignar en el acta los fundamentos sostenidos durante la sesión reservada. No obstante, esa admisión no cambió la suerte del pedido, pues la suspensión se mantiene y la causa avanza hacia el juicio político.
La situación exhibe una contradicción sustantiva: si la omisión de fundamentos obstaculiza la defensa material del acusado —como se reconoce al ordenar su inclusión posterior—, resulta paradójico mantener incólume la decisión tomada sin aquellos fundamentos. La defensa había solicitado también el levantamiento de la suspensión preventiva y la restitución de haberes al 100 %, todos los pedidos fueron rechazados.
El caso emblemático
El origen político de la acusación se relaciona con la denuncia del diputado radical, riñon del gobernador provincial, Franco Ambrosino, formulada en representación de la familia de Héctor Pelayes, policía retirado asesinado en septiembre de 2024 por un delincuente que había recuperado su libertad bajo una decisión de Sarmiento. Cabe enfatizar que esta decisión mereció dictamen fiscal favorable y no ha sido recorrida por las partes del proceso de ejecución.
El legislador afirmó que el juez actuó contra un informe del Organismo Técnico Criminológico (O.T.C.). Sin embargo, desde la defensa se remarca que la opinión técnica no es vinculante, que la decisión estuvo “ajustada a derecho” y que las conductas futuras del liberado constituyen un hecho imprevisible, ajeno a la responsabilidad jurisdiccional.
La voz de alerta institucional
El caso provocó la reacción pública de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina (RJJPRA), que difundió un comunicado de tono contundente por su firmeza. La entidad manifestó una “seria preocupación frente al enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones del juez Sebastián Sarmiento, basados exclusivamente en el contenido de decisiones jurisdiccionales adoptadas en el ejercicio regular de su función”.
Según el pronunciamiento, el mecanismo disciplinario aplicado “constituye un ataque directo a la independencia judicial y vulnera principios esenciales del Estado de Derecho”.
La Red fue más lejos todavía: “El desacuerdo con una decisión judicial no puede ni debe canalizarse mediante mecanismos disciplinarios, y menos aún a través de medidas extremas como la suspensión del juez”, recordando que las resoluciones de Sarmiento fueron dictadas «dentro de su competencia legal, fundadas en la Constitución y en estándares internacionales de derechos humanos”.
El documento concluye con una advertencia de alcance institucional: “La defensa de la independencia judicial es una condición indispensable para la vigencia de la República y la democracia”.
Dilema no saneado por la democracia: Independencia judicial vs. control político
El caso abre un interrogante mayor: ¿puede un juez ser removido por el contenido de sus sentencias válidas? Para sectores académicos y magistrados, la utilización del juicio político como herramienta de reacción frente a decisiones desfavorables constituye una forma de disciplinamiento institucional, con impacto disuasorio en materia de ejecución penal.
Una red activa
La RJJPRA viene sosteniendo un trabajo programático en defensa de la función judicial y de la comunicación con la ciudadanía. Una de sus referentes más visibles es la jueza Natalia Ohman, del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, quien promueve la necesidad de abrir canales de diálogo institucional sin claudicar en garantías constitucionales.
A la espera del juicio
Mientras tanto, el Juez Sarmiento permanecerá suspendido y a la espera del juicio político, en un escenario institucional que ya trascendió el caso individual y se transformó en una prueba de resistencia para el sistema de límites republicanos en la provincia de Mendoza.
