El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron la entrega de la nueva cárcel federal de Marcos Paz durante el primer cuatrimestre del año, lo que permitirá avanzar con el anunciado cierre del penal de Villa Devoto. El establecimiento, construido por la Ciudad y que luego pasará a la órbita de Nación, tendrá capacidad para más de 2.200 detenidos y forma parte de una estrategia para ampliar las plazas del Servicio Penitenciario Federal.
Si bien las autoridades destacaron la magnitud de la obra y su adecuación a estándares técnicos y de seguridad, los acuerdos intergubernamentales firmados hasta el momento no brindan precisiones sobre aspectos centrales del futuro funcionamiento del penal. En particular, persiste una laguna de información respecto del régimen penitenciario que se aplicará, las modalidades concretas de alojamiento, el acceso efectivo a salud, educación y trabajo, y las condiciones reales de detención que regirán una vez que la cárcel entre en funcionamiento.
Tampoco se detallaron los criterios de clasificación de internos ni el impacto que el traslado tendrá en términos de tratamiento penitenciario, más allá de los objetivos generales de descompresión y modernización del sistema. En ese contexto, mientras el cierre de Devoto aparece como un hecho político acordado, el debate sobre el contenido sustantivo del trato penitenciario en Marcos Paz permanece abierto y, por ahora, fuera de la letra de los convenios oficiales.
