El Gobierno nacional analiza la posibilidad de postergar el debate parlamentario de la reforma del Código Penal y trasladarlo al período de sesiones ordinarias, con el objetivo de concentrar los esfuerzos políticos y legislativos en la aprobación de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Desde el entorno del presidente Javier Milei sostienen que la estrategia apunta a facilitar los consensos necesarios para avanzar con la flexibilización del régimen laboral, uno de los ejes centrales de la segunda etapa de la gestión. En ese marco, consideran que incorporar simultáneamente una reforma penal de gran alcance podría dispersar las negociaciones en el Congreso.
La iniciativa de modificar el Código Penal, que contempla cambios profundos y un extenso articulado, sería debatida a partir del 1° de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias, para permitir un tratamiento más exhaustivo.
Mientras tanto, la mesa política del oficialismo definirá la estrategia para asegurar los apoyos necesarios que le permitan al Ejecutivo avanzar con la reforma laboral.
