La historia de los desarrollos inmobiliarios prometidos en Costa Rica sumó un nuevo capítulo judicial y político. Lo que comenzó como una serie de reclamos de inversores por proyectos que nunca avanzaron como se había prometido, ahora escaló a una denuncia penal por presunta administración fraudulenta que vuelve a poner bajo la lupa al entorno empresarial de los hermanos Aloi.
La presentación fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, con intervención de la Fiscalía 31 de la Ciudad de Buenos Aires, y apunta contra Rodrigo Rossetto, Lisandro Aloi y Javier Zlatkis, vinculados a Ara Homes SRL. Pero el expediente ya no se concentra solamente en los desarrollos inmobiliarios de Tamarindo, Costa Rica. El foco ahora también se posa sobre la operatoria local y el manejo de propiedades en Argentina.
Según la denuncia, los responsables habrían continuado administrando inmuebles aun después de haber sido notificados para cesar en esa función. Los denunciantes aseguran que las propiedades seguían siendo explotadas mediante alquileres temporarios utilizando copias de llaves y sin autorización de los propietarios, quedándose presuntamente con los ingresos generados.
A esto se suma otro punto delicado: la supuesta utilización de espacios comunes de un edificio para instalar oficinas vinculadas a Ara Homes SRL sin autorización ni contraprestación económica. El hecho, sostienen los denunciantes, habría quedado asentado mediante actas notariales y reflejaría un esquema de apropiación funcional de bienes ajenos más que una simple irregularidad administrativa.
La nueva causa se suma a la ya conocida investigación por los desarrollos Air Tesoro S.A. y Air Homes Dos S.A. en Costa Rica. Allí, distintos inversores denunciaron haber sido captados mediante promesas de rentabilidad, participación societaria y adjudicación de tierras en una de las zonas turísticas más codiciadas de Centroamérica. El relato incluía renders, maquetas digitales y proyecciones de valorización acelerada. Sin embargo, cuando los inversores buscaron verificar el avance de los proyectos, aseguran haberse encontrado con terrenos sin obras, infraestructura inexistente y acciones societarias que nunca fueron entregadas.
Los números que aparecen en el expediente son millonarios. Los denunciantes mencionan una hipoteca de USD 485.000 tomada sin notificación previa, aportes desde Argentina por alrededor de USD 400.000, movimientos presuntamente ficticios por más de USD 2 millones y retiros cercanos a USD 300.000, todo en medio de una persistente falta de rendiciones contables.
Uno de los aspectos más sensibles de la causa es la presunta exigencia de firmar documentos de renuncia a futuros reclamos judiciales como condición para recibir acciones o documentación societaria. Para los damnificados, el mensaje era claro: aceptar silencio a cambio de recuperar parte de la inversión.
El caso ya derivó en medidas judiciales para preservar documentación, soportes digitales y archivos vinculados a Air Tesoro, Air Homes Dos y otras sociedades involucradas. En paralelo, también se radicó una denuncia por presunta coacción en San Isidro, luego de que una de las víctimas denunciara hostigamientos tras negarse a firmar acuerdos de desistimiento.
El impacto reputacional del expediente crece además por el perfil de algunos de los involucrados. Lisandro Aloi figura en la página oficial del American Institute of Architects (AIA) como representante país para Argentina y aparece vinculado a SANOARA y AIR – Real Estate and Architecture, estructuras relacionadas con los desarrollos en Costa Rica. La contradicción entre esa construcción institucional y las denuncias judiciales es uno de los elementos que más inquietud genera entre los damnificados.
Pero el apellido Aloi no aparece únicamente por Lisandro. En la documentación también surge mencionado Emiliano Aloi, hermano del arquitecto, señalado por una deuda cercana a USD 1,45 millones con una de las denunciantes. Según la presentación, parte de esos fondos habrían sido direccionados hacia los proyectos inmobiliarios investigados en Costa Rica.
El nombre de Emiliano Aloi ya había tenido repercusión mediática años atrás por el caso vial de Mariano “Tutu” Álvarez, ocurrido en 2014, además de acumular decenas de infracciones de tránsito entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, varias de ellas por exceso de velocidad.
Los involucrados negaron responsabilidades mediante comunicados recientes. Sin embargo, los denunciantes aseguran que llevan más de cuatro años esperando respuestas concretas sobre el destino de los fondos, la falta de obras, la inexistencia de documentación respaldatoria y el manejo de bienes que, según sostienen, habrían sido utilizados sin autorización.
La Justicia deberá determinar si detrás del relato de inversiones fallidas existieron delitos penales o simplemente negocios que colapsaron. Pero para los damnificados, la sospecha ya dejó de ser un problema comercial: creen estar frente a un patrón de maniobras repetidas donde se mezclan promesas inmobiliarias, sociedades cruzadas, fondos millonarios y un apellido que vuelve a aparecer en cada expediente.
