Buenos Aires, 10 de octubre de 2025. — El pasado martes 7 de octubre, en el marco de una declaración judicial que ya genera repercusiones políticas y jurídicas, el analísta político y dirigente del Observatorio de la Riqueza “Padre Arrupe”, Guillermo Eduardo Robledo, ratificó su denuncia y ampliación ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de María Servini, que las fuerzas de seguridad actuaron bajo directivas estatales en abierta violación a la Ley Antiterrorista N.º 26.734, con el fin de sembrar miedo y desmovilización social.
Robledo, quien resultó reprimido y herido con gas pimienta durante la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso Nacional —manifestación habitual de jubilados y personas con discapacidad—, sostuvo en su declaración que “hay una desproporción absoluta entre los dispositivos del Estado y el número de manifestantes, que no superan las doscientas personas, frente a un despliegue de más de dos mil quinientos efectivos”.
Según explicó ante la jueza Servini, “esa desmesura no busca garantizar el orden, sino instaurar un régimen de temor colectivo transmitido en directo a todo el país, en una estrategia sistemática de desmoralización y desmovilización ciudadana”.
> “La Ley Antiterrorista apunta a evitar que el Estado o cualquier actor infunda terror en la población. Sin embargo, el propio Estado está incurriendo en esas conductas”, afirmó Robledo, al pedir la recaratulización del expediente por violación de dicha norma.
El miedo como herramienta política
En su testimonio, el querellante vinculó los hechos de represión con una política más amplia del gobierno nacional. “Ha habido declaraciones públicas de los denunciados —el Presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich— en las que se reivindica la crueldad y la destrucción del Estado. En ese marco, la violencia institucional de cada miércoles cobra sentido: desmovilizar a la sociedad y vaciar las instituciones para destruir el Estado desde adentro”, expresó.
Robledo advirtió además sobre las consecuencias psicológicas y sociales de este tipo de acciones, refiriéndose a un proceso de ‘implosión social’: “El miedo a expresarse y participar deriva en una implosión individual y colectiva, que incluso impacta en la salud pública y reduce la expectativa de vida de los argentinos”.
Una denuncia inédita que trasciende el caso individual
El denunciante/querellante instó a la Justicia a investigar no solo a los autores materiales de las agresiones, sino también a los autores políticos e intelectuales. Su presentación fue acompañada por investigaciones y pedidos de oficios a organismos internacionales, como la CEPAL, para documentar el impacto económico de las políticas que afectan a los jubilados.
El expediente ya cuenta con la firma de la jueza María Romilda Servini y el secretario Agustín Juan Miragaya, y podría convertirse en el primer caso judicial que examine la aplicación inversa de la Ley Antiterrorista, es decir, su violación por parte del propio Estado.
Extracto de la declaración a la que ha accedido Datajus
Apoyo totalmente el espíritu, contenido y móvil de la denuncia.
Nada más cierto que los hechos en qué se describe y cabalga la presentación judicial.
Espero de las más preparada, hábil y capacitada jueza de la argentina, en base a los hechos denunciados haga justicia y si así no lo hiciere, que Dios y la Patria se lo. demande.