Por Diego Encina[1]
Iniciado el año 2026, el horizonte no ofrece novedades alentadoras, sino más bien la confirmación de una continuidad trágica del ciclo anterior. Lejos de inaugurar un tiempo distinto, el nuevo año se abre bajo el signo de la repetición: la violencia imperial como método y la “libertad” como coartada.
Estados Unidos —siempre Estados Unidos— vuelve a recurrir a la agresión militar para intervenir en un país latinoamericano, esta vez Venezuela, con el declarado objetivo de derrocar a su gobierno y hacerse amo y señor del destino y manipulación de sus recursos estratégicos. En la madrugada del 3 de enero de 2026, una Venezuela dormida fue atacada vilmente con la finalidad de secuestrar a su presidente y forzar un cambio de régimen. Nada de esto resulta novedoso si se observa la historia sin velos: fue México en 1914, Cuba en 1961, Granada en 1983, Panamá en 1989. Cambian los pueblos agredidos, no la lógica. El agresor es siempre el mismo; el discurso de la “libertad”, una vez más, aparece distorsionado y vaciado de sentido.
Aún es incierto el desarrollo inmediato de los acontecimientos recientes y sus consecuencias. Sin embargo, Latinoamérica carga en su memoria histórica —a veces adormecida, nunca extinguida— la experiencia de la resistencia. Su historia institucional comienza precisamente en la lucha contra los imperios: primero España, luego Gran Bretaña, más tarde Estados Unidos. Los pueblos pueden dormir, pero no olvidan. Y cuando despiertan, lo hacen con una fuerza que desborda cualquier cálculo externo.
Frente a este escenario, resulta ineludible repensar el futuro regional. Latinoamérica deberá, más temprano que tarde, construir una política común de defensa soberana, que incluya cooperación militar, tecnológica y estratégica entre pueblos aliados, como resguardo frente a la injerencia extranjera. El MERCOSUR y los mecanismos de integración regional no pueden seguir siendo únicamente espacios de intercambio económico o cultural o diplomáticos; deben fortalecerse como verdaderos bloques políticos capaces de proteger la autodeterminación de la región.
Las democracias latinoamericanas han demostrado, una y otra vez, su fragilidad frente a la presión externa. No alcanza con elecciones periódicas si cada dos décadas promedio un poder extranjero puede decidir, por la fuerza, el destino de un Pueblo. Señalar esta insuficiencia no implica promover autoritarismos ni justificar gobiernos tiránicos. Implica reconocer una realidad incómoda, esto es que, la democracia no se agota en el acto electoral. Es mucho más que eso, o no es nada.
Latinoamérica no puede seguir callada ni permanecer dormida. Esta vez no se trata de la agresión de un país de Medio Oriente que no conmueva una reacción activa y enérgica por su distancia geográfica o cultural -lo que es condenable siempre-, sino de una nación hermana, atravesada por una historia común de luchas, derrotas y esperanzas compartidas. No podemos limitarnos al rol de espectadores. Callar frente a la agresión externa no es neutralidad, es complicidad.
La hermandad latinoamericana no es un eslogan romántico. Es una necesidad histórica. Y hoy, más que nunca, una responsabilidad colectiva.
[1]Abogado.
