En un encuentro organizado por la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas, magistrados, académicos e investigadores advirtieron sobre el debilitamiento de los controles judiciales, la expansión de los acuerdos abreviados y los desafíos que enfrenta el sistema penal argentino.
La función judicial en los sistemas acusatorios volvió a ocupar el centro de la discusión jurídica nacional. Durante una jornada de debate desarrollada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas, integrantes de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina analizaron el estado actual del proceso penal y manifestaron una preocupación compartida: el riesgo de que ciertas prácticas consolidadas en los últimos años terminen generando nuevas formas de concentración del poder punitivo.
La actividad reunió a magistrados, magistradas, académicos e investigadores de distintas jurisdicciones del país para reflexionar sobre una pregunta que atravesó toda la jornada: ¿qué significa juzgar en un sistema penal cada vez más atravesado por la negociación, la rapidez procesal y la administración burocrática de conflictos?
Durante la apertura, se destacó el trabajo que el Instituto viene desarrollando desde 2023 en materia de reformas procesales y análisis de los sistemas de administración de justicia. Posteriormente, la jueza porteña Natalia Ohman planteó que, si bien las reformas acusatorias surgieron como una respuesta democrática a los modelos inquisitivos, en algunos casos derivaron en una creciente concentración de facultades en los Ministerios Públicos Fiscales y en una reducción de los controles judiciales efectivos.
Uno de los momentos más destacados fue la exposición del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, presentada por el juez Adrián Martín. Zaffaroni advirtió sobre lo que definió como una «catástrofe institucional», caracterizada por la fragmentación jurisprudencial y la ausencia de mecanismos eficaces de unificación de criterios judiciales. Además, cuestionó la expansión de los juicios abreviados, a los que describió como mecanismos que producen «condenados sin juicio».
Las estadísticas presentadas durante el encuentro aportaron un dato que generó especial preocupación: en varias provincias argentinas entre el 85% y el 90% de las condenas penales se resuelven mediante procedimientos abreviados. Para algunos de los expositores, este fenómeno demuestra que el juicio oral y público ha dejado de ser el mecanismo predominante para resolver conflictos penales.
Desde distintas provincias surgieron miradas coincidentes sobre la necesidad de fortalecer el rol de los jueces como garantes de los derechos constitucionales. La jueza neuquina Leticia Lorenzo sostuvo que un verdadero sistema acusatorio requiere una judicatura activa y capaz de controlar eficazmente las investigaciones. En la misma línea, otros participantes alertaron sobre el uso excesivo de la prisión preventiva como factor de presión para la aceptación de acuerdos abreviados.
El debate también alcanzó al nuevo régimen penal juvenil, las limitaciones que enfrentan los jueces para revisar acuerdos entre fiscalías y defensas, y las desigualdades que persisten entre acusación y defensa en distintos modelos procesales provinciales.
El cierre estuvo a cargo de Mario Velázquez, presidente de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina, quien reivindicó la necesidad de generar espacios colectivos de discusión frente a las presiones políticas y mediáticas que enfrentan magistrados de todo el país.
Más allá de las diferencias de enfoque, la conclusión compartida fue contundente: el desafío actual ya no consiste en discutir únicamente la transición entre sistemas inquisitivos y acusatorios, sino en garantizar que las reformas procesales mantengan vigentes los principios constitucionales, los controles jurisdiccionales y las garantías fundamentales que sostienen el Estado de Derecho.
