La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto lo actuado por un tribunal provincial en una causa penal en la que se había denegado indebidamente el acceso del imputado a la vía recursiva federal, al advertir una afectación al derecho de defensa y a la debida asistencia letrada.
El caso se originó luego de que el superior tribunal provincial rechazara el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular de un condenado a prisión perpetua. Ante esa decisión, el abogado particular interpuso una “queja por denegación de recurso extraordinario”, que fue declarada inadmisible por entender que solo correspondía recurrir mediante el procedimiento previsto en el artículo 14 de la Ley 48.
Posteriormente, el imputado revocó al letrado particular y solicitó la intervención de la defensa oficial, la cual interpuso el recurso extraordinario federal contra la inadmisibilidad dictada. Sin embargo, el tribunal provincial volvió a denegarlo, sosteniendo que la resolución solo podía ser objetada mediante la queja regulada en el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La Corte Suprema consideró que la actuación de la defensa particular fue manifiestamente improcedente, ya que intentó una queja federal cuando ni siquiera se había agotado la vía del recurso extraordinario. Esa situación, indicó el máximo tribunal, implicó un cercenamiento del derecho del imputado a contar con una defensa técnica eficaz. Asimismo, cuestionó que la corte provincial luego denegara el recurso presentado por la defensa oficial con argumentos contradictorios, desatendiendo su propia interpretación previa.
En consecuencia, el Tribunal Supremo anuló todo lo actuado desde la notificación de la sentencia que denegó el recurso local y ordenó garantizar la adecuada asistencia legal del condenado. Además, remitió copia de la resolución al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos que estime corresponder.
