Buenos Aires, 22 de octubre de 2025.- Una denuncia penal de altísimo voltaje político e institucional fue presentada hoy en los tribunales federales de Comodoro Py y quedó radicada en el Juzgado Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo. El escrito imputa al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, al presidente del Banco Central Santiago Bausili y al recientemente desplazado canciller Gerardo Werthein, por la presunta comisión del delito de traición a la patria, en el marco del acuerdo financiero SWAP firmado entre el Banco Central de la República Argentina y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La denuncia fue presentada por el ciudadano Guillermo Eduardo Robledo, con patrocinio letrado del abogado Diego Ramón Encina, y sostiene que el convenio anunciado oficialmente el 20 de octubre —por un monto de USD 20.000 millones— constituye “una entrega lisa y llana de la soberanía económica y monetaria de la Nación”, en tanto se habría suscripto sin autorización del Congreso Nacional, burlando las atribuciones constitucionales del Parlamento y “condicionado por intereses extranjeros”.
Según el texto presentado, los funcionarios denunciados “facilitaron el abuso monopólico de la divisa estadounidense en perjuicio del valor de la moneda nacional”, lo que —a criterio del denunciante— “constituye un acto de sometimiento de la Nación al dominio extranjero, encuadrando en el tipo penal de alta traición previsto en los artículos 214 y 215 del Código Penal”.
El escrito menciona además declaraciones públicas de funcionarios y asesores norteamericanos —entre ellos Donald Trump, Scott Bessent y Barry Bennett— que habrían confirmado el interés de Estados Unidos en “sacar a China de Argentina” y condicionar el rumbo de la política económica y electoral del país. “Se trata de un hecho de una gravedad institucional sin precedentes”, señala la presentación, al considerar que la operación busca “influir en los índices inflacionarios y en el proceso electoral de medio término, mediante endeudamiento externo no autorizado”.
La denuncia reclama que se cite a los funcionarios involucrados a declaración indagatoria, se requiera la documentación completa al BCRA y al Ministerio de Economía, y se adopten medidas cautelares para “preservar la integridad de la prueba y evitar nuevos actos lesivos a la soberanía nacional”.
Con este planteo, la causa que ya se conoce en Comodoro Py como la “denuncia Robledo”, podría abrir un nuevo frente judicial de consecuencias imprevisibles para el Gobierno, al poner bajo la lupa la legalidad y legitimidad del acuerdo financiero más grande suscripto por la administración Milei con una potencia extranjera.
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