Un hecho de extrema gravedad institucional se registró en las últimas horas en el Juzgado de Garantías N.º 5 de San Martín, donde alrededor de veinte personas ingresaron de manera violenta al despacho del juez Nicolás Schiavo, portando cuchillos y profiriendo amenazas de muerte, en aparente reacción a medidas jurisdiccionales adoptadas en el ejercicio de su función.
La irrupción no solo puso en riesgo la integridad física del magistrado y del personal judicial, sino que constituyó un ataque directo a la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares esenciales del sistema democrático. No se trató de una protesta ni de un reclamo canalizado por vías legales, sino de un acto de intimidación destinado a condicionar decisiones judiciales mediante la violencia.
En términos institucionales, el episodio debe ser advertido como una señal de alarma. El ingreso armado a una sede judicial para increpar a un juez por sus resoluciones no afecta únicamente a un funcionario en particular, sino que impacta de lleno en la capacidad del Estado para garantizar justicia sin presiones externas.
Si bien es cierto que el Poder Judicial enfrenta desde hace años cuestionamientos legítimos vinculados a su funcionamiento, niveles de desempeño y estándares de calidad institucional, ninguna crítica —por fundada que sea— habilita la violencia como forma de interpelación. La utilización de la amenaza física no fortalece la justicia: la degrada y la somete.
En este contexto, resultó inmediata y contundente la intervención de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina, que emitió un comunicado expresando su repudio al hecho, su profunda preocupación por la situación y su solidaridad con el magistrado afectado y con el personal del juzgado. La Red calificó el episodio como un ataque directo a la independencia judicial y advirtió que no puede garantizarse un servicio de justicia adecuado cuando quienes deben decidir sobre derechos fundamentales se encuentran expuestos a represalias físicas.
Asimismo, la organización reclamó la adopción urgente de medidas de seguridad efectivas en todas las sedes judiciales del país, señalando que la falta de protocolos adecuados constituye una vulnerabilidad estructural que pone en riesgo no solo a jueces y trabajadores judiciales, sino también a los propios justiciables.
La rápida reacción institucional busca evitar que este tipo de hechos se naturalicen o se repitan. La violencia en los tribunales no es un conflicto sectorial: es un problema de orden democrático. Garantizar que las decisiones judiciales puedan adoptarse sin miedo ni coacción es una condición mínima para la vigencia del Estado de Derecho.
